Revista Científica Multidisciplinar CONEXUS. ISSN 3151-8419
Julio–diciembre 2024. Vol. 1, Núm.2, P. 020-040
Percepción de inseguridad y confianza en el sistema judicial
en víctimas de delitos comunes en una parroquia urbana del
Ecuador
Perception of insecurity and trust in the judicial system among victims
of common crimes in an urban parish in Ecuador
-Fecha de recepción: 08-08-2024 -Fecha de aceptación: 05-09-2024 -Fecha de publicación: 03-10-2024
Mario Alejandro Recalde Drouet
Investigador Independiente, Sangolquí Ecuador
recalded12345@gmail.com
https://orcid.org/0009-0003-8224-8236
Zoila Pilar Chillagana Orbes
Investigador Independiente, Cuenca Ecuador
pilychillagana@yahoo.com
https://orcid.org/0009-0007-3565-9816
Resumen
La criminalidad urbana en el Ecuador provoca una fractura social que condiciona la salud mental
y la movilidad. Ante esta realidad el estudio se propuso como objetivo general analizar la relación
entre la percepción de inseguridad y el nivel de confianza en el sistema judicial en víctimas de
delitos comunes en una parroquia urbana del Ecuador. Para su ejecución se adoptó un enfoque
cuantitativo de alcance descriptivo y correlacional con un diseño no experimental de corte
transversal, aplicado a una muestra de ciento veintitrés ciudadanos. Los hallazgos exponen una
crisis institucional de gran calado donde la percepción de inseguridad registra niveles críticos con
una prevalencia superior al ochenta y cinco por ciento. El robo destaca como la agresión principal,
hecho que obliga a los afectados a invertir en seguridad privada o a modificar sus rutinas. Se obtuvo
un coeficiente de correlación de Pearson de -0,847 cifra que demuestra una relación inversa de
gran magnitud y con alta significancia estadística. En cuanto a la confianza judicial los datos
indican un escepticismo absoluto, pues el cien por ciento de la muestra se ubica en el espectro del
desacuerdo respecto a la celeridad y eficacia de los procesos judiciales. Asimismo el sesenta y
ocho por ciento de las víctimas evita formalizar denuncias por desconfianza en la fiscalía o la
policía. El estudio concluye que el sentimiento de vulnerabilidad es el motor de la deslegitimidad
estatal, por lo cual se requiere restaurar el vínculo de fe entre la sociedad y sus autoridades de
justicia.
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Palabras clave: inseguridad; confianza; sistema judicial; víctimas de delitos; comunes; Ecuador
Abstract
Urban crime in Ecuador causes a social fracture that conditions mental health and mobility. In
view of this reality, the study set out to analyze the relationship between the perception of
insecurity and the level of trust in the judicial system in victims of common crimes in an urban
parish in Ecuador. For its execution, a quantitative approach of descriptive and correlational scope
was adopted with a non-experimental cross-sectional design, applied to a sample of one hundred
and twenty-three citizens. The findings expose a major institutional crisis where the perception of
insecurity registers critical levels with a prevalence of more than eighty-five percent. Robbery
stands out as the main aggression, a fact that forces those affected to invest in private security or
modify their routines. A Pearson correlation coefficient of -0.847 was obtained, a figure that
demonstrates an inverse relationship of great magnitude and with high statistical significance. As
for judicial trust, the data indicate absolute skepticism, since one hundred percent of the sample is
located on the spectrum of disagreement regarding the speed and effectiveness of judicial
processes. Likewise, sixty-eight percent of victims avoid filing complaints due to distrust in the
prosecutor's office or the police. The study concludes that the feeling of vulnerability is the engine
of state delegitimacy, which is why it is necessary to restore the bond of faith between society and
its justice authorities.
Keywords: insecurity; trust; judicial system; victims of common crimes; Ecuador
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Introducción
La sociedad contemporánea ecuatoriana en la actualidad le hace frente al imperativo ineludible de
evolucionar desde una visión punitiva de la seguridad hacia un paradigma de convivencia
ciudadana integral caracterizado por la recuperación del espacio público y el fortalecimiento de la
legitimidad institucional. El fenómeno de la criminalidad urbana ha dejado de ser una estadística
aislada para convertirse en una entidad biopsicosocial que condiciona la movilidad, el
comportamiento económico y la salud mental de los habitantes (Salgado, 2024). Según Cabezas
et al. (2024) y Estupiñan y Drouet (2024) esta transformación en la dinámica social reviste una
importancia capital en las parroquias urbanas del Ecuador donde la densificación poblacional y la
precariedad de los mecanismos de control han exacerbado la vulnerabilidad de los ciudadanos ante
delitos comunes como el hurto, el robo a personas y el asalto a mano armada.
Bajo este escenario el desafío se puede encuentran en trascender la simple cuantificación del delito
y profundizar en constructos subjetivos como la percepción de inseguridad y la confianza
institucional. Estas variables permiten a los ciudadanos navegar en un entorno social caracterizado
por la incertidumbre y la crisis de representación estatal (Michael et al., 2024). En esta línea de
ideas se busca comprender cómo la experiencia de victimización forja una visión del entorno que
en varios casos inhabilita la participación comunitaria y erosiona la resiliencia social hecho que
proyecta respuestas conductuales defensivas y una desvinculación afectiva respecto al sistema de
justicia (Bravo et al., 2024).
De acuerdo con Tapia y Fierro (2024) en respuesta a esta crisis de seguridad la evaluación de la
confianza en el sistema judicial es una manifestación concreta de la salud democrática de un
territorio. Estas percepciones que se operativizan a través de la interacción con la policía, la fiscalía
y los juzgados se definen como el conjunto de expectativas que el ciudadano deposita en la
legalidad para la resolución de conflictos y la reparación del daño (Morante y Barcia, 2024). La
relevancia de centrar el estudio en las víctimas de delitos comunes está en su capacidad para dar
una perspectiva crítica sobre la efectividad del debido proceso que trasciende la retórica jurídica
para situarse en la vivencia real del acceso a la justicia.
En el ámbito la medición subjetiva de la criminalidad tiene sus inicios con la aplicación de
encuestas de victimización […] además de identificar la existencia de delitos no denunciados,
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también permite conocer las consecuencias como el miedo al delito y la percepción de inseguridad
en la población (Arriaga Avalos, et al., 2023)
Con ello se identifica cómo la desconfianza en el sistema judicial fomenta en los ciudadanos una
sensación de desprotección y una tendencia a la cifra negra o no denuncia de los delitos. Ello
genera un ciclo de impunidad y debilitamiento del tejido social. Al integrar el análisis de la
victimización con la evaluación de la respuesta estatal se logra establecer el grado de ruptura del
contrato social en contextos locales.
A pesar del reconocimiento teórico sobre el impacto del crimen en la cohesión social su estudio
en parroquias urbanas del Ecuador suele ser parcial, fragmentado o carente de un enfoque centrado
en exclusivo en la víctima (Taris, 2024). La literatura académica prueba la existencia de una brecha
persistente entre los informes oficiales de reducción de delitos y la realidad percibida por las
víctimas donde a menudo predomina una sensación de abandono institucional y una justicia que
se percibe como lenta, burocrática o corrupta (Dueñas et al., 2023).
De acuerdo con expertos en criminología aplicada muchas políticas de seguridad tienen un
profundo conocimiento de la logística policial aunque carecen de la sensibilidad metodológica
necesaria para abordar el impacto psicológico y la pérdida de confianza que sufren las víctimas de
manera efectiva (Murillo et al., 2023; Dueñas et al., 2023). Esto conduce con frecuencia a que se
mantenga un enfoque reactivo centrado en el patrullaje, descontextualizado de la experiencia de
desamparo del ciudadano. Ello deriva en un insuficiente proceso de restauración de la paz social
que el marco constitucional pretende y que la convivencia urbana actual exige.
Este problema se agudiza en la gestión de delitos comunes porque un sistema judicial que se limita
al trámite formal sin mecanismos de acompañamiento o transparencia desaprovecha el potencial
de la justicia para impactar de verdad en la percepción de seguridad. Al no visualizar una utilidad
práctica en la denuncia el ciudadano tiende a desvincularse o a percibir al sistema judicial solo
como un obstáculo adicional (Coello et al., 2023). Estudios previos han identificado que pese a
que la confianza institucional es un pilar democrático existe una falta de evidencia empírica en
parroquias urbanas ecuatorianas que cuantifique la relación entre la victimización directa y la caída
de la confianza sistémica (Bravo et al., 2024; Consejo de la Judicatura, 2025).
Por lo dicho este estudio se justifica mediante la ejecución de un diseño metodológico que analiza
la percepción de inseguridad como un fenómeno multicausal. El objetivo general del artículo es
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analizar la relación entre la percepción de inseguridad y el nivel de confianza en el sistema judicial
en víctimas de delitos comunes en una parroquia urbana del Ecuador. Bajo esta línea, los objetivos
específicos son:
• Identificar los niveles de percepción de inseguridad y las modalidades de delitos comunes
más recurrentes experimentadas por las víctimas en el territorio estudiado.
• Evaluar el grado de confianza institucional que poseen las víctimas respecto al desempeño
de la policía, fiscales y jueces en la resolución de sus casos.
• Determinar la existencia de correlaciones entre la experiencia de victimización directa y la
disposición de los ciudadanos a colaborar con el sistema de justicia.
Por otra parte el conocimiento actual sobre la criminología ambiental y la victimología destaca el
impacto negativo del miedo al crimen en variables como la calidad de vida y la participación
ciudadana (Quinteros et al., 2019). Revisiones sistemáticas recientes confirman que la percepción
de inseguridad tiene una influencia mayor en la conducta social que el riesgo objetivo de ser
víctima (Ponce, 2015). Esto afecta incluso la salud mental de la población .
Del mismo modo se ha documentado que la confianza institucional es un recurso social elemental
para la resolución pacífica de conflictos y la prevención del delito (Berda y Afib, 2024). En el caso
de las víctimas, esto implica desarrollar la capacidad de creer en la equidad del sistema a pesar de
la experiencia traumática (Yugueros, 2021). Pese a ello persisten vacíos respecto a la aplicación
de estos conceptos en parroquias urbanas específicas, donde a menudo se confunde la seguridad
con el control militar (Lucio, 2021).
Abordar esta investigación es necesario y urgente por sus implicaciones prácticas y teóricas. Desde
el punto de vista práctico los resultados darán a los tomadores de decisiones datos duros sobre la
fractura entre ciudadanía y justicia. Desde el punto de vista teórico contribuye a cerrar el vacío de
literatura sobre victimización situada en Ecuador (Izquierdo y Monsalve, 2025).
Relacionado con la estructura de este artículo el trabajo se organiza con la metodología que detalla
el enfoque cuantitativo y el alcance correlacional la descripción de la muestra y los instrumentos
de recolección. Luego la sección de resultados contiene los hallazgos derivados del análisis
estadístico. Al final la discusión y las conclusiones discuten los resultados a la luz de la teoría al
destacar las implicaciones para la política pública y las limitaciones del estudio.
1.1. Referentes conceptuales de la percepción de inseguridad
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La percepción de inseguridad es un constructo multidimensional que trasciende la probabilidad
estadística de ser víctima de un hecho delictivo. Se define como un sentimiento de vulnerabilidad
personal y colectiva frente a la amenaza de una agresión física o patrimonial la cual se manifiesta
a través del miedo, la ansiedad y la modificación de conductas en el espacio público (Quinteros et
al., 2019). Este fenómeno no opera de manera lineal respecto a las tasas de criminalidad; por el
contrario autores como Kessler sostienen que la inseguridad es un sentimiento que se nutre de la
experiencia directa aunque del mismo modo de la observación del entorno y del discurso mediático
(Cayambe y Argudo, 2024).
En el contexto de las parroquias urbanas del Ecuador la percepción de inseguridad se ve
exacerbada por la degradación del entorno físico y la falta de cohesión social (Cabezas et al., 2024).
La percepción de inseguridad es la interpretación propia del entorno, misma que consiente evaluar
que una individuo sea víctima de un delito, fundamentalmente aquellos que amenazan la integridad
física (Pinzón Torres, 2024). Por lo tanto la percepción de inseguridad en las víctimas de delitos
comunes se convierte en un filtro a través del cual interpretan cada interacción social y cada
desplazamiento urbano (López, 2024).
Existe una discusión académica relevante sobre la naturaleza de este constructo. Mientras algunos
autores argumentan que la percepción de inseguridad es una respuesta racional y adaptativa ante
un entorno muy hostil otros sostienen que es una construcción social amplificada por el
sensacionalismo y la falta de información oficial fidedigna (Iglesias, 2023). No obstante para las
víctimas de delitos comunes, esta percepción deja de ser una abstracción y se convierte en una
realidad condicionada por el trauma y la re-victimización (Yugueros, 2021).
1.2. La confianza en el sistema judicial
La confianza institucional se entiende como la creencia de los ciudadanos en que las instituciones
públicas actuarán de manera previsible justa y eficiente de acuerdo con el mandato legal (Bravo et
al., 2024). En el ámbito judicial esta confianza se desglosa en la legitimidad de los órganos de
justicia (policía, fiscalía y tribunales) y en la percepción de eficacia en la persecución del delito
(Tapia y Fierro, 2024). Para una víctima la confianza nace de la experiencia procedimental cómo
fue tratada en la comisaría, la celeridad de la fiscalía y la imparcialidad del juez (Morales y
Merizalde, 2019).
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La literatura contemporánea discute dos enfoques principales sobre la confianza judicial el modelo
instrumental y el modelo de justicia procedimental (Coello et al., 2023). El modelo instrumental
indica que los ciudadanos confían en el sistema si este produce resultados tangibles como por
ejemplo la captura del delincuente o la recuperación de los bienes robados (López, 2024). En
contraste autores como Tom Tyler defienden el modelo de justicia procedimental al argumentar
que la confianza depende más de la percepción de trato digno, neutralidad y voz durante el proceso
que del resultado final del juicio (Plúas et al., 2025). Esta distinción es elemental en parroquias
urbanas donde la impunidad es alta porque pone de manifiesto que la mejora en el trato al
ciudadano podría mitigar la erosión de la confianza sistémica (Quinteros et al., 2019)
Según el Consejo de la Judicatura (2025) en Ecuador la confianza en el sistema judicial ha sido
volátil e influenciada por procesos de reforma inconclusos y crisis de integridad institucional. El
ciudadano común y más aún la víctima de un delito percibe una brecha entre la norma
constitucional y la práctica judicial cotidiana hecho que genera un escepticismo crónico respecto
a la utilidad de la denuncia (Cesar, 2023).
1.3. Discusión entre percepción de inseguridad y confianza institucional
La relación entre estas dos variables es objeto de un intenso debate en las ciencias sociales. Por un
lado una corriente de pensamiento liderada por autores como Hough y Jackson sostiene que la
desconfianza institucional es el principal motor de la percepción de inseguridad (Bravo et al.,
2024). Según esta visión en los momentos en los que el Estado no es capaz de proyectar una imagen
de control y justicia el ciudadano se siente desprotegido. Ello eleva sus niveles de miedo. En este
sentido la confianza actúa como un amortiguador psicológico ante el crimen; si confío en que la
policía vendrá y el juez sancionará, mi percepción de riesgo disminuye (Coello et al., 2023).
Por otra parte existen autores que argumentan lo opuesto que dicen que es el nivel de inseguridad
y la victimización persistente lo que termina por destruir la confianza en las instituciones (Iglesias
et al., 2023). Bajo esta lógica la realidad delictiva desborda la capacidad de respuesta estatal al
hacer que cualquier intento de reforma judicial sea percibido como cosmético por parte de una
población que se siente en estado de sitio. Esta oposición de perspectivas es básica para entender
la dinámica en las parroquias urbanas ecuatorianas, donde ambos fenómenos parecen
retroalimentarse en un círculo vicioso de anomia social (Bravo et al., 2024).
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Asimismo surge una tercera vía de discusión que plantea que la percepción de inseguridad y la
confianza judicial están mediadas por la eficacia colectiva (Iglesias et al., 2023). Este concepto
refiere a la capacidad de los vecinos para intervenir y mantener el orden (Universidad Galileo,
2024). Algunos estudios dicen que en comunidades con alta eficacia colectiva la desconfianza en
el sistema judicial no se traduce en una alta percepción de inseguridad porque los ciudadanos
confían en sus propios mecanismos de autodefensa y solidaridad (Coello et al., 2023).
1.4. Definición de términos del estudio
Para efectos de esta investigación se definen los siguientes términos:
Víctima de delito común: Persona natural que ha sufrido un daño directo (físico, patrimonial o
psicológico) como consecuencia de infracciones de alta frecuencia y bajo impacto sistémico y alto
impacto individual tales como el hurto o el robo a personas (Morales y Merizalde, 2019).
• Parroquia urbana: División administrativa territorial dentro de una ciudad que tiene
características de alta densidad poblacional y servicios urbanos, pero que mantiene dinámicas
de interacción comunitaria específicas (Calle et al., 2025).
• Impunidad percibida: Creencia del ciudadano de que los delitos cometidos no serán
sancionados que actúa como un desincentivador de la denuncia formal (Tapia y Fierro, 2024).
• Cifra negra: Porcentaje de delitos ocurridos pero no son reportados a las autoridades
competentes debido por lo general a la falta de confianza en la respuesta judicial (Quinteros
et al., 2019).
Materiales y Métodos
Este estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo y correlacional,
y un diseño no experimental de corte transversal. El propósito principal fue analizar la relación
existente entre la percepción de inseguridad y el nivel de confianza en el sistema judicial en
víctimas de delitos comunes residentes en una parroquia urbana del Ecuador. A diferencia de los
estudios experimentales esta investigación no manipuló las variables porque se observó el
fenómeno en su entorno natural durante un periodo de tiempo determinado para establecer
asociaciones estadísticas entre la experiencia de victimización y la actitud hacia la
institucionalidad de justicia. El análisis se sustentó en la recolección de datos primarios mediante
un instrumento estandarizado aplicado a una muestra representativa de la localidad.
2.1. Diseño de la investigación
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La investigación adoptó un diseño no experimental y transversal. Es no experimental porque se
recolectó información sin generar situaciones provocadas; se trabajó con sujetos que ya habían
sido víctimas de delitos comunes (hurto, robo a personas) con anterioridad al estudio. Es
transversal debido a que la recolección de datos se realizó en un único momento temporal que
permitió describir el estado actual de la opinión ciudadana y la correlación entre las variables de
estudio en una coyuntura específica de seguridad ciudadana. Este diseño es el más adecuado para
estudios de percepción social donde se busca identificar patrones de comportamiento y opinión en
poblaciones civiles.
2.2. Población y muestra
La población de interés estuvo conformada por los ciudadanos mayores de edad que habitan en
una parroquia urbana del Ecuador y que declararon haber sido víctimas de al menos un delito
común en los últimos doce meses. Para mantener la especificidad del estudio en un entorno local
controlado se consideró una población finita de N=180 víctimas registradas o identificadas
mediante bases de datos comunitarias y reportes locales.
Para determinar el tamaño de la muestra representativa, se aplicó la ecuación de muestreo para
poblaciones finitas:
󰇛
󰇜

Donde:
N (población) = 180
Z (nivel de confianza) = 1,96 (para un 95% de confianza)
p (probabilidad de éxito) = 0,5
q (probabilidad de fracaso) = 0,5
e (margen de error) = 0,05
 
 

󰇛

󰇜

 
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  
   



La muestra final quedó constituida por 123 ciudadanos. El muestreo fue de tipo aleatorio simple
para garantizar que cada víctima identificada tuviera la misma probabilidad de ser seleccionada
para participar.
2.3. Variables
La investigación se estructuró sobre la base de dos variables principales:
Variable independiente (VI): Percepción de inseguridad. Definida como el sentimiento de
vulnerabilidad y miedo ante la posibilidad de ser víctima de un delito, así como la valoración
negativa del entorno urbano.
Variable dependiente (VD): Confianza en el sistema judicial. Definida como el grado de
credibilidad y expectativa de justicia que el ciudadano tiene hacia las instituciones encargadas de
la seguridad y el juzgamiento (policía, fiscalía y jueces).
2.4. Técnicas e instrumentos
La técnica empleada fue la encuesta con la utilización de un cuestionario estructurado denominado
Cuestionario de Percepción de Seguridad y Confianza Judicial (CPS-CJ). El instrumento consta
de 20 ítems medidos mediante una escala de Likert de 5 puntos con: 1) muy en desacuerdo o nunca,
2) En desacuerdo o casi nunca, 3) indiferente o a veces, 4) de acuerdo o casi siempre y 5) muy de
acuerdo o siempre.
2.4.1. Cuestionario
El cuestionario se divide en tres secciones:
Sección 1: Datos sociodemográficos como: edad, género, tipo de delito sufrido.
Sección 2: Percepción de inseguridad que mide el miedo al crimen y la modificación de conductas
por inseguridad.
Sección 3: Confianza en el sistema judicial para evaluar la percepción de eficacia, honestidad y
rapidez de la justicia.
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Tabla 1
Cuestionario
Datos sociodemográficos
Edad:
años
Género:
[ ] Masculino [ ] Femenino [ ] Otro
¿Cuál fue el delito común del que fue víctima recientemente? (Puede
marcar más de una opción si aplica)
[ ] Robo a persona (con uso de
fuerza o violencia)
[ ] Hurto
[ ] Robo de accesorios de vehículo
o autopartes
[ ] Robo de bienes en vivienda
(estando usted presente o no)
[ ] Intento de asalto o amenaza con
arma
¿Hace cuánto tiempo ocurrió el hecho delictivo más reciente?
[ ] Menos de 3 meses
[ ] Entre 3 y 6 meses
[ ] Entre 6 meses y 1 año
¿Presentó usted la denuncia formal ante la Fiscalía o Policía Judicial
por este hecho?
[ ] Sí
[ ] No
Si su respuesta a la pregunta anterior fue No, ¿cuál fue el motivo
principal?
[ ] Por miedo a represalias
[ ] Porque considera que el sistema
judicial no hace nada
(desconfianza)
[ ] Por falta de tiempo o trámites
muy largos
[ ] Porque el valor de lo perdido era
bajo
[ ] Otros: ___________________
Ítems del instrumento
1
2
3
4
5
Percepción de Inseguridad
1. Me siento inseguro al caminar por las calles de mi parroquia
después del anochecer.
2. Evito transitar por ciertos parques o plazas de mi localidad por
miedo a ser asaltado.
3. He modificado mis horarios de salida o llegada a casa para evitar la
delincuencia.
4. Siento una preocupación constante de que alguien de mi familia sea
víctima de un robo.
5. Considero que mi barrio es más peligroso ahora que hace un año.
6. Evito llevar objetos de valor (celular, joyas) visibles cuando salgo a
la calle.
7. La presencia de personas extrañas en mi calle me genera ansiedad o
temor.
8. He invertido dinero en seguridad adicional para mi vivienda (rejas,
alarmas, cámaras).
9. Dejé de participar en actividades comunitarias nocturnas debido a la
delincuencia.
10. Creo que la probabilidad de que me vuelvan a robar en este sector
es muy alta.
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Confianza en el Sistema Judicial
11. Confío en que la Policía Nacional responderá rápidamente si pido
auxilio.
12. Creo que el sistema de justicia trata a todas las víctimas con
respeto y dignidad.
13. Tengo la seguridad de que, si denuncio un robo, el culpable será
sancionado.
14. Considero que los fiscales actúan con honestidad y sin corrupción.
15. Los procesos judiciales en el Ecuador son rápidos y eficientes.
16. Siento que las leyes actuales protegen más a la víctima que al
delincuente.
17. Confío en que los jueces dictan sentencias justas basadas en
pruebas.
18. Vale la pena dedicar tiempo y esfuerzo a denunciar un delito
común ante la fiscalía.
19. El sistema judicial garantiza la recuperación de los bienes robados
a los ciudadanos.
20. En general, mi percepción sobre la justicia ha mejorado tras mi
experiencia como víctima.
Resultados y/o Discusión
Para el desarrollo de este apartado se incluyeron los resultados de las primeras preguntas
asociadas con los factores sociodemográficos y las preguntas generales establecidas al inicio
del cuestionario. Luego de exponen los resultados de los de grupos de preguntas, vinculados
con las variables de estudio, su análisis e interpretación. Al final de este apartado se determinar
el valor del coeficiente de correlación calculado.
3.1. Sociodemográficas
Los datos recabados al inicio del cuestionario reflejaron los siguientes resultados sobre la
muestra participante:
Tabla 2
Resultados de las preguntas sociodemográficas y generales
Grupo etario
Resultados
De 19 a 26 años
22,8%
De 27 a 34 años
26,8%
De 35 a 42 años
25,2%
De 43 a 50 años
17,1%
De 51 a 60 años
8,1%
Total
100,0%
Género
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Femenino
50,4%
Masculino
49,6%
Total
100,0%
Delito común
Robo
44,7%
Hurto
29,3%
Asalto o amenaza
26,0%
Total
100,0%
Tiempo transcurrido
Menos de 3 meses
38,2%
Entre 3 y 6 meses
33,3%
Entre 6 meses y 1 año
28,5%
Total
100,0%
Presentación de denuncia
Sí
31,7%
No
68,3%
Total
100,0%
Motivo
Desconfianza
30,1%
Miedo
13,0%
Trámite/Tiempo
13,0%
Valor
12,2%
Total
68,3%
Nota. Resultados de las preguntas sociodemográficas y generales
La muestra se compone de 123 participantes con una paridad de género casi absoluta. El grupo
etario con mayor presencia es el de adultos jóvenes entre 27 y 34 años. En cuanto a la tipología
delictiva, el robo destaca como la agresión más frecuente frente al hurto o la amenaza. Un dato
de especial relevancia es que el 38,2% de los casos ocurrió en un periodo inferior a tres meses.
Sin embargo, el 68,3% de las personas afectadas optaron por no presentar una denuncia formal
ante las instancias correspondientes. Entre las razones que manifiestan esta la ausencia de
reporte, la falta de confianza en las instituciones predomina sobre el temor o la dificultad que
implica el procedimiento.
Estos descubrimientos revelan una separación significativa entre el sistema de justicia estatal
y la ciudadanía. La proximidad en el tiempo de los hechos y la prevalencia del robo sugieren
un ambiente urbano con altos grados de conflicto activo. La decisión mayoritaria de evitar el
proceso legal indica que la víctima percibe el sistema como una estructura inútil para la
reparación de sus derechos. Esta cifra negra de criminalidad es una respuesta lógica a una
trayectoria de impunidad que desalienta la participación civil en la búsqueda de justicia.
3.2. Análisis e interpretación de los resultados sobre la percepción de inseguridad
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Los diez ítems aplicados para medir a la variable independiente dieron los resultados que se
exponen a continuación:
Tabla 3
Resultados sobre la percepción de inseguridad
Opciones de respuesta
I1
I1%
I2
I2%
I3
I3%
I4
I4%
I5
I5%
Muy en desacuerdo o
nunca
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
En desacuerdo o casi
nunca
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Indiferente o a veces
14
11,38%
19
15,45%
17
13,82%
16
13,01%
6
4,88%
De acuerdo o casi
siempre
48
39,02%
50
40,65%
52
42,28%
41
33,33%
51
41,46%
Muy de acuerdo o
siempre
61
49,59%
54
43,90%
54
43,90%
66
53,66%
66
53,66%
Total
123
100,00%
123
100,00%
123
100,00%
123
100,00%
123
100,00%
Opciones de respuesta
I6
I6%
I7
I7%
I8
I8%
I9
I9%
I10
I10%
Muy en desacuerdo o
nunca
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
En desacuerdo o casi
nunca
0
0,00%
0
0,00%
9
7,32%
0
0,00%
0
0,00%
Indiferente o a veces
14
11,38%
24
19,51%
28
22,76%
16
13,01%
32
26,02%
De acuerdo o casi
siempre
47
38,21%
47
38,21%
56
45,53%
41
33,33%
41
33,33%
Muy de acuerdo o
siempre
62
50,41%
52
42,28%
30
24,39%
66
53,66%
50
40,65%
Total
123
100,00%
123
100,00%
123
100,00%
123
100,00%
123
100,00%
Nota. La tabla contiene los resultados sobre la percepción de inseguridad
Los resultados de los diez ítems aplicados exponen una concentración crítica en las escalas de
acuerdo y muy de acuerdo. El temor al tránsito nocturno y la preocupación por la seguridad de
la familia tienen niveles de coincidencia que superan el 85%. Los datos muestran que la
totalidad de los encuestados ha modificado sus rutinas o invertido en seguridad privada para
mitigar el riesgo. La falta de respuestas en las categorías de desacuerdo es notable, lo que
indica un punto de vista uniforme sobre el peligro que representa la parroquia para sus
residentes.
La sensación de inseguridad en esta área va más allá de la experiencia personal y se vuelve un
fenómeno grupal de hipervigilancia. El temor al delito establece la dinámica social, limita el
uso de los espacios públicos y modifica las costumbres de convivencia. Esta situación genera
un estado de estrés constante entre la población, en el que el ambiente urbano deja de ser
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percibido como un sitio para el desarrollo. En su lugar se percibe como un territorio de amenaza
constante. La uniformidad en las respuestas valida la existencia de un trauma social compartido
por quienes han sufrido la delincuencia de forma directa.
3.3. Análisis e interpretación de los resultados sobre la confianza en el sistema judicial
El último grupo de diez ítems aplicados para medir a la variable dependiente dieron los
resultados que se exponen a continuación.
Tabla 4
Resultados sobre la confianza en el sistema judicial
Opciones de respuesta
I11
I11%
I12
I12%
I13
I13%
I14
I14%
I15
I15%
Muy en desacuerdo o
nunca
35
28,46%
46
37,40%
54
43,90%
52
42,28%
76
61,79%
En desacuerdo o casi
nunca
52
42,28%
58
47,15%
48
39,02%
50
40,65%
47
38,21%
Indiferente o a veces
25
20,33%
19
15,45%
20
16,26%
19
15,45%
0
0,00%
De acuerdo o casi
siempre
11
8,94%
0
0,00%
1
0,81%
2
1,63%
0
0,00%
Muy de acuerdo o
siempre
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Total
123
100,00%
123
100,00%
123
100,00%
123
100,00%
123
100,00%
Opciones de respuesta
I16
I16%
I17
I17%
I18
I18%
I19
I19%
I20
I20%
Muy en desacuerdo o
nunca
31
25,20%
49
39,84%
48
39,02%
76
61,79%
56
45,53%
En desacuerdo o casi
nunca
69
56,10%
52
42,28%
52
42,28%
46
37,40%
50
40,65%
Indiferente o a veces
23
18,70%
22
17,89%
22
17,89%
1
0,81%
17
13,82%
De acuerdo o casi
siempre
0
0,00%
0
0,00%
1
0,81%
0
0,00%
0
0,00%
Muy de acuerdo o
siempre
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Total
123
100,00%
123
100,00%
123
100,00%
123
100,00%
123
100,00%
Nota. La tabla contiene Resultados sobre la confianza en el sistema judicial
La evaluación de la variable dependiente arroja cifras que confirman un escepticismo total
hacia la institucionalidad. El 100% de la muestra se sitúa en el espectro del desacuerdo respecto
a la celeridad y eficacia de los procesos judiciales. La credibilidad en la Policía Nacional y en
el cuerpo de jueces es mínima con una tendencia marcada hacia la crítica por corrupción o falta
de honestidad. La idea de que la ley protege de manera prioritaria al victimario por encima de
la persona perjudicada cuenta con un respaldo casi unánime entre los participantes del estudio.
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Se observa una desconexión total entre la norma jurídica y la aspiración ciudadana.
La justicia se concibe como una entidad distante, pausada y desprovista de sensibilidad hacia
el sufrimiento del afectado. Esta sensación de desamparo institucional refuerza la idea de que
el esfuerzo de denunciar carece de utilidad práctica. Al no existir una respuesta estatal efectiva,
el sistema pierde su función como regulador de la paz social y deja a la víctima en un estado
de indefensión que alimenta el ciclo de impunidad en la zona urbana estudiada.
3.4. Análisis e interpretación del coeficiente de Pearson calculado
El coeficiente de correlación de Pearson obtenido de -0,847 establece la existencia de una
relación inversa de gran magnitud y con alta significancia estadística. Este resultado evidencia
que el incremento en la sensación de peligro genera una disminución marcada y equivalente
en la certidumbre hacia el sistema judicial. El valor hallado explica que la ilegitimidad de las
instituciones de justicia tiene su origen directo en la fragilidad extrema que experimenta el
ciudadano. Con base en esta prueba, se aclara que la crisis de confianza en la legislación es
una secuela directa del ambiente de riesgo y la ausencia de seguridades para la integridad
personal. La justicia en este escenario deja de ser una base democrático para transformarse en
una estructura que la sociedad percibe como ineficiente ante el avance del delito común.
Conclusiones
El estudio permite concluir que la percepción de inseguridad en la parroquia urbana alcanza niveles
críticos, con una prevalencia superior al 85% en las escalas de mayor preocupación. El robo es la
modalidad delictiva con más incidencia sobre los habitantes. Esto genera un estado de
hipervigilancia colectiva. Este escenario deriva en la alteración de las rutinas cotidianas y en la
adopción de medidas de protección privada, debido al sentimiento de vulnerabilidad que domina
el espacio público y la degradación del entorno social.
Por otra parte se prueba un quiebre en la confianza institucional de las víctimas hacia el aparato de
justicia. Existe una opinión unánime sobre la ineficacia, la falta de honestidad y la lentitud de la
policía, fiscales y jueces en la resolución de los conflictos. Para los ciudadanos el sistema judicial
no se considera un medio efectivo para obtener reparación por los daños sufridos, sino más bien
una estructura administrativa que favorece la impunidad del agresor y desatiende las necesidades
de protección de quienes han sido afectados. Esta percepción menoscaba la autoridad y legitimidad
de quienes laboran en dichas instituciones.
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El estudio estadístico evidencia una relación negativa significativa entre el miedo a la delincuencia
y la confianza en el sistema judicial. El coeficiente de correlación de Pearson, con un valor de -
0,847, indica que el escepticismo aumenta a la par con la intensificación del sentimiento de
inseguridad. Esta ruptura del pacto social se traduce en una baja disposición por parte de la
ciudadanía para cooperar con las instancias judiciales, lo cual se refleja en la elevada tasa de
denuncias no presentadas. La persona afectada opta por el silencio en lugar de enfrentar el desgaste
de un procedimiento legal que percibe como ineficaz y carente de garantías auténticas.
Como sugerencia para el diseño de políticas públicas y en el ámbito educativo, resulta
imprescindible que el Estado formule planes de seguridad que vayan más allá de un patrullaje
reactivo, orientándose hacia una atención integral de la víctima. Las instituciones judiciales deben
adoptar sistemas que promuevan la transparencia y simplifiquen los procesos administrativos para
disminuir la sensación de impunidad. En el campo pedagógico, es necesario fomentar una cultura
de convivencia pacífica y fortalecer la solidaridad comunitaria mediante programas educativos
centrados en la formación ciudadana y el conocimiento de derechos. Solo a través de una justicia
procesal que respete la dignidad y una reducción tangible de los riesgos en los espacios públicos
se podrá reconstruir el vínculo de confianza entre la sociedad y sus representantes.
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